La violencia con la que está creciendo el paro sirve a la patronal y al Banco de España para resucitar el eterno debate sobre el abaratamiento del despido. El elevado crecimiento del paro –con 3,2 millones de personas– que se está produciendo por la recesión económica ha resucitado con fuerza el debate sobre la necesidad de acometer una reforma laboral en profundidad y, como consecuencia de ello, la rebaja de los costes del despido, para animar a los empresarios a contratar.

El Banco de España y los numerosos analistas privados del mercado de trabajo coinciden en señalar que muchas compañías no contratan a más trabajadores porque es muy caro desprenderse de ellos, en el caso de que lo necesiten por diversas circunstancias.

Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo y presidente de Sagardoy Abogados, coincide con ellos: “En España hay despido libre, pero caro, el más caro de Europa”, como demuestra el ejemplo comparativo, del mismo Sagardoy, sobre una rescisión improcedente de contrato que acompaña a la información. Para un mismo perfil de trabajador, la indemnización en España es casi un 38% más alta que en Alemania; un 176% más elevada que en el Reino Unido, y más de un 200% superior a la de Francia.

La indemnización por despido improcedente se divide en dos cuantías. Para los contratos indefinidos clásicos la compensación para el trabajador asciende a una suma equivalente a 45 días por año trabajado hasta una cifra máxima total de tres años y medio de salario. Con la fórmula de fomento del empleo que salió de la reforma laboral de 1997, pactada entre la patronal y los sindicatos, la indemnización por despido improcedente puede elevarse a 33 días por año trabajado hasta una cuantía máxima de dos años de salario.

Por este motivo del coste económico, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acompaña su petición de reducir el coste del despido de una propuesta de creación de un fondo público, financiado por las empresas, para pagar las indemnizaciones por despido. Sagardoy lo llama el Fogades (Fondo de Garantía de Despidos) de la misma manera que ya existe el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) para pagar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de las empresas en quiebra.

Por todas estas razones, el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, insistió ayer en su propuesta de crear un contrato indefinido que tenga una indemnización de veinte días por año trabajado, como la media de la Unión Europea, y sin necesidad de exigir cuentas al empresario para que justifique las causas del despido. “Para responder a la crisis, y de manera coyuntural”, Sagardoy propone crear un contrato temporal de 18 ó 24 meses, más fácil y más rápido de gestionar. “Hay que dar ahora más facilidades para contratar que para despedir”, concluye.

El problema para los empresarios se extiende también a la regulación del despido colectivo. CEOE se siente perjudicada porque el despido colectivo necesita el permiso de la Administración y, con frecuencia, es más fácil conseguirlo si va acompañado de un acuerdo con los sindicatos, lo que, inevitablemente, supone más costes para las empresas en forma de indemnizaciones y planes sociales y de recolocación para los trabajadores afectados.

Bien es verdad que tanto el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, como los dirigentes de UGT, Toni Ferrer, y de CCOO, Ramón Górriz, responden a CEOE que “el origen de la recesión no tiene nada que ver con el mercado laboral” y, en consecuencia, se oponen radicalmente a la rebaja de los costes del despido y, por extensión, a una reforma laboral. “Estamos ante una ofensiva ideológica brutal contra los derechos de los trabajadores”, dijo ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Sin embargo, Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y socio director del Área Laboral de Garrigues, interpreta que la respuesta sindical es la demostración de “un inmovilismo impresionante”, de la misma manera que no entiende la “obcecación del Gobierno por no hacer reformas”.

Incluso, tanto para Durán como para Sagardoy, a lo mejor el problema no está exactamente en el despido, sino en la “rigidez” que todavía hay en la organización interna de las empresas. Por ejemplo, junto a la reforma de la negociación colectiva que, en opinión de Durán, algunas veces “es una máquina de destrucción de empleo”, habría que eliminar definitivamente la intervención administrativa en la regulación de la jornada laboral, la movilidad funcional y geográfica o el salario.

CiU también reclama una reforma estructural

Josep Antoni Duran Lleida, portavoz parlamentario de Convergéncia i Unió, se sumó ayer a la patronal CEOE y al Banco de España para pedir al Gobierno que acometa una reforma “estructural” del mercado de trabajo y, en consecuencia, una rebaja de los costes del despido. “Es un error [del presidente Zapatero] rechazar de entrada” las peticiones de Fernández Ordóñez, de abaratar el coste del despido, dijo el dirigente de CiU, que pidió “un nuevo contrato que permita más flexibilidad en la entrada y salida [del mercado de trabajo]”.

Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, ratificó que “ése no es el objetivo del Gobierno, sino que funcione el mercado de trabajo”. Vegara calificó de “respetables” las opiniones de Fernández Ordóñez, pero añadió que deber ser el diálogo social el que aborde una eventual reforma laboral.

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